Más de 300 familias permanecen en la calle hace 150 días frente a la fábrica de cerámicos ILVA en Pilar, sin sueldos ni indemnizaciones tras el cierre abrupto de la empresa. Las mujeres lideran el acampe y confrontaron a los dueños que intentaban ingresar por accesos alternos, sobreviviendo solo de donaciones en un campamento sin obra social.
Paola, madre soltera con 22 años en la firma donde nació su hijo menor, denuncia que los dueños prometieron una gran familia pero los dejaron huérfanos. Despidieron invocando el artículo 247 por crisis no justificada ni aprobada por el Ministerio, ofreciendo solo el 50% de indemnizaciones que nunca pagaron pese al plazo legal de 96 días. Dos meses después entraron en concurso de acreedores ilegalmente.
Las trabajadoras golpearon puertas en ministerios nacional, provincial y local sin respuestas ni imputaciones a representantes de ILVA. Se repite en otras firmas como FATI, con despidos por WhatsApp primero y telegramas después, afectando cientos en empresas históricas. La producción mostró lista de 10 firmas con despidos masivos de 150 a 920 trabajadores.
ILVA busca recontratar al 10% de despedidos con sueldos a mitad, sin transporte, comedor, prepaga ni gremio, lo que Paola califica de chiste. En debate, Tamara Besares acusa modernización laboral de legalizar fraudes; Juan Pablo Huerri defiende que reforma no aplica aún y culpa a dueños estafadores o sin fondos, destacando 47% informalidad y blanqueo de 16.000 vía DNU de Milei.
Paola atribuye responsabilidad 100% a dueños estafadores de ILVA, amparados por nuevas leyes, aunque ocurrió antes de la reforma. Pidieron ayuda provincial pero no recibieron policía ni salvataje gubernamental.