El Senado otorgó media sanción a un proyecto del gobierno que modifica la ley de glaciares de 2010, permitiendo a las provincias decidir si un glaciar o ambiente periglacial es hídricamente relevante. Si no lo es, se excluye del Inventario Nacional y habilita actividades como la minería en esas zonas.
La norma responde a reclamos de provincias mineras como Mendoza, San Juan y Catamarca, donde glaciares alimentan cuencas usadas por 7 millones de personas. Críticas destacan riesgos para ríos compartidos, como el Colorado que nace en Mendoza y llega a La Pampa, potencialmente afectando la producción agrícola.
En debate en vivo, Silvio Pastore, de la Universidad Nacional de San Juan, defiende los cambios porque la ley actual confunde glaciares con ambientes periglaciares estériles, sin reserva hídrica estratégica, y otorga certeza jurídica a provincias. Argumenta que no se ha probado función ecosistémica similar en glaciares de escombros.
María Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, califica la modificación como regresiva por entregar potestad a provincias sin estándares uniformes de relevancia hídrica, alterando competencias nacionales del artículo 41 de la Constitución. Advierte debilidad institucional, con estudios de impacto firmados por funcionarios ligados a minería, y cita fallos de la Corte Suprema que validaron la ley original.
Pastore rebate que provincias como San Juan usan consejos independientes, no gobernadores, y cuestiona cifras de Testa sobre el 0,4% del territorio afectado. Testa aclara que se refiere a glaciares inventariados y enfatiza independencia científica sobre poder político.