El Senado aprobó un proyecto del gobierno que modifica la ley de glaciares de 2010, otorgando a las provincias la facultad de determinar si un glaciar o ambiente periglacial es hídricamente relevante para cuencas de agua dulce. Si no lo es, se retira del Inventario Nacional y permite actividades productivas como minería.
El cambio responde a demandas de provincias mineras, donde tres de 325 proyectos mineros esperan resolución por conflictos glaciares. Críticas incluyen la variabilidad hídrica por sequías y conflictos interprovinciales, como Mendoza afectando ríos en La Pampa (Atú y Colorado).
Daniel Bensuzán, diputado pampeano, objetó que decisiones provinciales impacten cuencas compartidas. Argentina tiene 17.000 glaciares en 12 provincias que alimentan 38 cuencas para 7 millones de personas en zonas de estrés hídrico como Mendoza y San Juan.
El gobierno lo presenta como clarificación; suman expertos: María Eugenia Testa (Círculo de Políticas Ambientales) defiende la ley vigente por uniformidad nacional post-Constitución 94; Silvio Pastore (Geocardia, UNSJ) celebra la media sanción por definir mejor el objeto de protección.
El proyecto va ahora a Diputados tras ajustes menores del gobierno.