El Senado otorgó media sanción a un proyecto del gobierno que modifica la ley de glaciares de 2010, permitiendo a las provincias decidir si un glaciar o ambiente periglacial es hídricamente relevante. Si no lo es, se excluye del Inventario Nacional y habilita actividades como la minería en esas zonas.
La norma responde a reclamos de provincias mineras como Mendoza, San Juan y Catamarca, donde glaciares alimentan cuencas usadas por 7 millones de personas. Expertos debaten incongruencias de la ley actual, como la imposibilidad de mapear ambientes periglaciares y la potestad de autoridades provinciales independientes de gobernadores.
Silvio destaca diferencias territoriales entre provincias como Jujuy, Mendoza y Santa Cruz, donde el agua de glaciares a menudo no se aprovecha y afecta límites con Chile. Argumenta que las provincias conocen mejor sus realidades socioeconómicas para decidir protecciones.
María Eugenia critica la incertidumbre para glaciares blancos, predice un boom de demandas judiciales por inconstitucionalidad, regresión ambiental y violación de tratados como Escazú, artículo 41 de la Constitución y el acuerdo UE-Mercosur aprobado ese día en el Senado.
Conductores resumen posturas opuestas, mencionan fallas de fiscalización como los 15 derrames de cianuro de Barrick Gold en San Juan y el histórico veto de Cristina Kirchner en 2008 pese a apoyo de Néstor y gobernadores peronistas.