La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) completó el trámite de cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, inscribiéndose en la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense el mismo día que la Inspección General de Justicia (IGJ) pedía veedores para auditar sus cuentas por 111 millones de dólares faltantes, más otros 345 millones de la Liga Profesional.
El proceso inició el 11 de noviembre desde la calle Mercedes en Pilar, tras una asamblea de socios que modificó el estatuto para mudar el domicilio fuera de CABA. La IGJ pierde así el poder de policía sobre la AFA, que ahora queda bajo jurisdicción provincial aceptada por Axel Kicillof, pese a reclamos previos ignorados por burocracia.
Ayer, un notificador de la IGJ llegó a la sede de Viamonte pero encontró solo un empleado que confirmó la mudanza. Periodistas califican esto como un "juego político" que judicializará el caso, destacando años de reclamos no atendidos por la AFA para evitar rendir cuentas claras.
La maniobra se ve como evasión, comparada con mudarse de provincia para eludir justicia, en medio de deudas millonarias que la IGJ insistió en auditar sin éxito hasta ahora.