La Inspección General de Justicia (IGJ), firmada por su presidente Daniel Vítolo, dispuso veedores en la AFA para controlar balances y contratos en medio de una batalla interna.
La IGJ cuestiona balances de los últimos años por un total de 111 millones de dólares y declara inválido el cambio de domicilio a un baldío en Pilar, provincia de Buenos Aires, ratificado por Axel Kicillof vía Dirección de Personas Jurídicas.
El organismo insiste en que la AFA mantiene jurisdicción en Capital Federal, por lo que debe rendir cuentas por periodos adeudados, y critica la falta de estructura real en el nuevo domicilio donde no se pueden recibir notificaciones.
Abogado de Cristian "Chiqui" Tapia, Gregorio Dalbón, defendió la mudanza a provincia, pero la IGJ rechazó el cambio por no existir edificación ni actividad administrativa en el baldío, desatando una lucha por jurisdicción y mediática.