Volviendo a Argentina, la tensión en la fábrica FATE de San Fernando alcanza un nuevo pico con la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo: mañana lunes a las 11 de la mañana se realizará una reunión por Zoom entre autoridades de la empresa, el gobierno nacional, la provincia y el sindicato SUDNA, liderado por el combativo Alejandro Crespo. Estará presente el titular de Trabajo, Julio Cordero, y otros funcionarios. Mientras tanto, trabajadores de la planta expresan su dura situación personal, con uno de ellos contando 20 años laborando allí y esperando que la fábrica vuelva a abrir, en medio de una escena de calma pero desolación total en la planta sin producción.
Diputados nacionales Oscar Sago y Mónica Frade se suman al debate, destacando el impacto en 920 familias directas y hasta 2.500 con efectos colaterales, criticando la invasión de neumáticos chinos baratos que hacen imposible competir para la industria nacional. Frade apunta al gobierno por no intervenir con cupos a importaciones y por la reciente reforma laboral que agrava la situación, regalando beneficios a un empresariado especulador ligado a causas como los cuadernos, mientras el Estado deja fluir el mercado libre que lleva al cierre de fábricas.
El debate se intensifica discutiendo proteccionismo versus apertura, con Sago enfatizando la competencia desleal de China estatal y Brasil con arancel cero, y números alarmantes: 22.914 empresas cerradas por mes, 192.000 empleos menos en privado, 60.000 en industria y 66.000 en construcción. Critican la macroeconomía fallida desde hace 30 años, la necesidad de reforma tributaria para bajar impuestos, y cuestionan por qué el gobierno no presenta proyectos pese a su mayoría, recordando promesas incumplidas de Macri y el kirchnerismo.
Sago defiende la reforma laboral como fin a la 'industria del juicio' con 200.000 juicios laborales por año que funden pymes, donde abogados se llevan gran parte y multiplicadores judiciales llevan a despidos masivos, mientras Frade insiste en que los problemas son de gobiernos y economía, no de la ley de 1974, y que la nueva ley es un 'mamarracho' inconstitucional que la CGT impugna, dejando informalidad al 45% y sin beneficios reales para trabajadores ni empresas.
El conductor Pablo cuestiona el apoyo ciego al plan gubernamental que divide el país en regiones extractivas, comparándolo con fracasos pasados como el de Macri en 2017, donde la sociedad empezó a repudiar medidas similares, advirtiendo que el acompañamiento inicial podría cambiar ante el impacto en la industria nacional y el empleo.