Se destapó una red internacional de trata de personas que captaba ex militares y policías argentinos bajo la falsa promesa de salarios de 3.000 dólares mensuales para tareas de reconstrucción en Ucrania. Las víctimas eran engañadas y, al llegar a Moldavia, se les retenía la documentación y se les obligaba a participar en acciones de combate directo en la guerra ruso-ucraniana.
La organización criminal se aprovechaba de la vulnerabilidad de exintegrantes de fuerzas de seguridad con bajos salarios, ofreciéndoles contratos que desconocían. El modus operandi incluía la retención de pasaportes y la imposición de deudas ficticias por gastos de viaje, alojamiento y manutención, forzando a las víctimas a luchar para saldar supuestas deudas.
En Argentina, la Protex colaboró en la detención de Griselda Inés Ortiz, ex policía bonaerense, mientras que su esposo, el expolicía federal Jorge Agote, se encuentra prófugo. Este matrimonio era el último eslabón de la cadena de esta banda transnacional.
El descubrimiento se produjo en Ezeiza en marzo, cuando inspectores de migraciones alertaron sobre cuatro argentinos que viajaban a Estambul sin pasaje de regreso, sin fondos suficientes y sin saber dónde se alojarían. Se investiga la participación de organizaciones gubernamentales de Ucrania en este reclutamiento, aunque se considera una operación más marginal y delictiva.