Se denuncia el reclutamiento de personas en Argentina, exintegrantes de fuerzas de seguridad y militares, para combatir en la guerra de Ucrania. Este accionar, que se presenta como mercenarismo, es ilegal en Argentina ya que no existe un tipo penal específico para esta figura, pero se investiga como posible trata de personas, engaño o estafa.
El esquema implica el ofrecimiento de dinero y promesas de trabajo en reconstrucción o evacuación, pero en realidad los reclutados terminan combatiendo y en muchos casos son víctimas de explotación laboral o reducción a la servidumbre, ya que se les retienen los pasaportes y se les genera una deuda ficticia.
Se compara esta situación con casos de trata de personas y explotación laboral, donde las víctimas son engañadas con falsas promesas de trabajo y terminan en situaciones de esclavitud.
Se destaca la diferencia con el despliegue de tropas en misiones de paz, que cuentan con seguros y acuerdos governamentales, mientras que este reclutamiento es llevado a cabo por privados y organizaciones que actúan como pantallas.