Se aborda la complejidad de los derechos a la vivienda y la propiedad privada, señalando que ambos están consagrados en la Constitución Nacional y no se puede elegir qué derecho predomina sobre otro.
Se argumenta que el derecho a la vida es el más importante, pero esto no implica que otros derechos, como el de propiedad privada, sean menos relevantes. Se critica la idea de que la propiedad privada deba suplir la carencia de vivienda, y se enfatiza que el acceso a una vivienda digna no debe implicar la comisión de un delito como la usurpación.