Se generó un debate sobre la propiedad privada y las usurpaciones, comparando la situación argentina con la de otros países como Uruguay, donde se aplican medidas más estrictas ante la toma de propiedades.
Se criticó la lentitud de la justicia argentina en los procesos de desalojo, que pueden extenderse por años, y se planteó la necesidad de agilizar estos procedimientos. Se mencionó que en Uruguay, por ejemplo, la ocupación de una casa llevaría a la detención inmediata.
Se cuestionó la postura de ciertos sectores que, según los panelistas, justifican la usurpación bajo argumentos sociales, mientras que en otros países se prioriza el derecho a la propiedad privada. Se hizo hincapié en que la justicia argentina, a diferencia de otros países, realiza operativos "humanitarios" en los desalojos.