La justicia restituyó la tenencia de hijos a Lucía Sosa, a pesar de que uno de sus bebés nació con cocaína en sangre y otros hijos presentaban signos de maltrato. La Dra. Agnes Hof, asesora de hogares de tránsito, advirtió sobre el peligro que representaba la madre para los menores, pero sus pedidos de resguardo fueron desoídos.
La falta de intervención estatal y la burocracia judicial permitieron que los niños siguieran expuestos a situaciones de violencia y negligencia, culminando en la trágica muerte de Isabela.