Trabajadores de aplicaciones en Argentina, estimados en 600.000, reclaman reconocimiento como empleados y la aplicación del convenio 193 de la OIT, que los considera dependientes de las plataformas.
A pesar de que la OIT falló a favor de esta categorización, la Argentina aún no adhiere a dicho convenio, y el gobierno actual no parece estar en esa línea, lo que perpetúa la informalidad del sector.
Los conductores denuncian seridos y controles constantes por parte de las autoridades locales, que los consideran ilegales al no estar la actividad reconocida formalmente.
Se busca establecer una mesa de diálogo con las empresas de aplicaciones para acordar tarifas justas y condiciones laborales dignas, pero la respuesta ha sido esquiva, especialmente por parte de Uber.