Se critica la nueva ley impulsada por el gobierno de Javier Milei, argumentando que en lugar de proteger la propiedad privada, entrega la propiedad pública y el bien común de los argentinos.
Se señala que la ley modifica normativas anteriores, como la ley de glaciares y la ley de tierras, y que incluso deroga leyes de protección territorial que datan de 1944, las cuales impedían la extranjerización de tierras en zonas estratégicas como aquellas con cursos de agua.
La oposición, representada por el bloque de Unión por la Patria, expresa su contundente rechazo a la ley, considerándola "nefasta" y un riesgo para la soberanía nacional, y hace un llamado a los legisladores a oponerse a su aprobación.