El gobierno busca agilizar la aprobación de la ley de ganancias simple, que permitirá exteriorizar fondos hasta el 31 de diciembre de 2027. La oposición, sin embargo, ha manifestado su rechazo a la posibilidad de que funcionarios y familiares directos puedan acceder a este blanqueo.
Maximiliano, del bloque Provincias Unidas, anunció que presentarán un proyecto para excluir a los funcionarios del blanqueo. La preocupación radica en la posible confusión entre la ganancia simplificada y el lavado de dinero, a pesar de que el régimen de ganancias simple resuelve cuestiones fiscales pero no las relacionadas con el lavado.
Se plantea la duda sobre si funcionarios podrían ingresar dinero al sistema, algo que Adorni había negado. Si bien el régimen de ganancias simple no cubre el lavado de dinero, la declaración jurada de anticorrupción y el deber de funcionario público siguen vigentes, pudiendo generar causas penales por enriquecimiento ilícito si se detectan movimientos sospechosos.