Se plantea la posibilidad de que los vecinos que participan en detenciones ciudadanas y agresiones a delincuentes puedan enfrentar consecuencias legales y terminar detenidos.
Se argumenta que, aunque el acto de detener a un delincuente pueda parecer justificado por el hartazgo social, el código penal protege al individuo, incluso si es un delincuente, y las acciones de los vecinos pueden ser consideradas delitos.
Se menciona la complejidad de la situación, especialmente cuando se involucra a menores, y se señala que la ausencia del Estado y la ineficacia de la justicia son las causas subyacentes del accionar ciudadano.