La investigación revela un perjuicio al Estado estimado en 30 mil millones de pesos por direccionamiento de licitaciones para la compra de medicamentos. Adicionalmente, se investiga una segunda etapa que involucra 75 mil millones de pesos malversados en la provisión de prótesis y sillas de ruedas.
Estas maniobras habrían beneficiado a un grupo de empresarios y exfuncionarios. El fiscal Franco Picardi señaló que se trata de un presunto robo de dinero destinado a la atención de personas con discapacidad y otras necesidades médicas.