Se aclara que un documento judicial dirigido a un tercero no implica una orden contra el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, ni contra el tesorero Pablo Tobillino.
La polémica surgió por una publicación que señalaba que la justicia estadounidense buscaba comunicaciones de Tobillino, Diego Lucero y Javier Faroni en relación a contratos comerciales de la AFA.
La investigación apunta a movimientos financieros de empresas que habrían gestionado patrocinios internacionales. La AFA rechazó las versiones y la causa sigue en curso.