En Mallorca, la normativa de protección ambiental restringe la construcción en terrenos rústicos. Los campos, incluso aquellos de 3.000 metros cuadrados, pueden costar desde 35.000 euros, pero no permiten construir libremente. La edificación se limita a un porcentaje bajo de la parcela, como 40 metros en un terreno de 3.000 metros, y a menudo no se tiene acceso al agua.
El propósito de adquirir estos terrenos suele ser para cultivar olivos, pasto o tener huertas. Existen parcelas donde se permite construir, pero bajo estrictas regulaciones que respetan la estética y el entorno. La isla busca evitar la "explosión" urbanística, priorizando la preservación del paisaje y la arquitectura tradicional.