El juicio contra 485 líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) en El Salvador busca ser el golpe definitivo contra la organización criminal. El Ministerio Público reclama una reparación civil de 9 millones de dólares y la Fiscalía pidió penas máximas que podrían acumularse hasta por mil años.
La MS-13 utilizó 1200 menores y explotó a 638 mujeres. El proceso es un pilar de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, quien gobierna bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022. El gobierno apuesta a encarcelar a toda la cúpula para eliminar cualquier posibilidad de que recuperen la libertad.