Se denuncia la presunta violación de aguas jurisdiccionales argentinas por parte de un buque de guerra inglés en Tierra del Fuego, sin una respuesta contundente del gobierno de Milei.
El secretario de Malvinas, Andrés Dachari, calificó la situación de grave, recordando que los acuerdos de 1989 y 1990 exigen informar a Argentina sobre el tránsito de naves desde Malvinas. Estos acuerdos, criticados por considerarse perjudiciales para la soberanía, no habrían sido cumplidos por el Reino Unido.
Se cuestiona la pasividad del gobierno actual, comparándola con administraciones anteriores como las de Menem y Macri, que también habrían cedido soberanía. La falta de un reclamo firme frente al Reino Unido y la posible explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona son motivo de preocupación.