Se denunció la contratación de un bromatólogo para controlar la calidad de las frutas destinadas a la residencia presidencial, mientras simultáneamente se producían despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Se criticó el contraste entre la inversión en controles de calidad para alimentos de lujo y la reducción de personal en áreas estratégicas, sugiriendo una priorización de gastos cuestionable.