En la cárcel de mujeres más grande de Japón, las reclusas extranjeras, principalmente de México y Brasil, enfrentan barreras culturales y de idioma que dificultan su adaptación y cumplimiento de condena. El 10% de las internas provienen de estos países latinoamericanos, muchas de ellas sentenciadas por tráfico de drogas.
Las condiciones de reclusión incluyen largas jornadas laborales en fábricas de la prisión, con pausas limitadas para socializar. La lejanía de sus familias y la dificultad para comunicarse en japonés son aspectos que acentúan su aislamiento. Según Human Rights Watch, las infracciones relacionadas con drogas son la segunda causa de encarcelamiento femenino en Japón.
Las extranjeras privadas de libertad por posesión o consumo de drogas deben cumplir su sentencia en Japón y luego son deportadas. Japón es un país con políticas estrictas respecto a las drogas, y sustancias permitidas en otros lugares pueden ser ilegales allí. Al cumplir sus sentencias, estas mujeres, que superarán los 50 años, recibirán una remuneración por su trabajo antes de ser deportadas a sus países de origen.