Se debate la necesidad de endurecer las leyes contra la compra de motovehículos robados, ya que actualmente la legislación no contempla suficientemente el delito de encubrimiento. Expertos señalan que quienes adquieren motos robadas suelen hacerlo para cometer otros delitos, lo que los convierte en partícipes del crimen.
La falta de controles y la baja penalización para quienes compran estos rodados facilitan la reventa y el uso de motos robadas en actividades delictivas. Se propone aumentar las penas para los compradores, equiparando su responsabilidad a la de los ladrones. Además, se destaca la importancia de secuestrar los cascos de los delincuentes como elemento de prueba, ya que a menudo son identificados por sus diseños distintivos.
La discusión se centra en la necesidad de una reforma legal que castigue de manera más severa la compra de bienes robados, considerando que estos actos alimentan la cadena delictiva. La falta de legislación adecuada y la interpretación de las leyes por parte de algunos jueces dificultan la erradicación de este tipo de delitos.