En Japón, las infracciones relacionadas con drogas son la segunda causa de encarcelamiento para mujeres, solo superadas por el robo. Según Human Rights Watch, en la mayoría de los casos, las extranjeras privadas de libertad por posesión o consumo de drogas deben cumplir su condena en el país y luego son deportadas.
Japón es conocido por su estricta política antidrogas, prohibiendo sustancias que podrían ser legales en otros lugares. Las mujeres que cumplen sus sentencias en Japón, tras haber trabajado durante años, superarán los 50 años de edad al ser deportadas a sus países de origen.