Mantener los precios de los combustibles artificialmente estables en Bolivia representa un desafío creciente para las cuentas públicas, especialmente en un contexto de alta dependencia de importaciones y fluctuación del mercado internacional.
Si bien la extensión de subsidios busca contener el impacto inmediato en el costo de vida y reducir la incertidumbre social, la medida implica sostener precios en un mercado volátil, lo que genera presión económica.