Se debatió la posibilidad de cobrar los operativos de búsqueda de personas desaparecidas, especialmente en casos donde no hay indicios de un delito como trata o secuestro. Se argumentó que esto podría disuadir a quienes realizan denuncias falsas o malintencionadas.
Se mencionó que en casos de amenazas de bomba, la imposición de multas y allanamientos llevó a la disminución de estos hechos. Se planteó que, si bien el Estado tiene la obligación de buscar a los menores, en casos de fuga voluntaria o problemas familiares, la responsabilidad recae en los adultos y se debería aplicar algún tipo de sanción económica.
Sin embargo, se aclaró que en casos de sustracción de menor o trata de personas, no se debería cobrar, ya que la prioridad es la protección de la víctima. Se reconoció que la línea es delgada y que la investigación debe determinar las circunstancias exactas de cada caso.