Se debate la implementación de la ley de salud mental, destacando que su fracaso se debe a la falta de cumplimiento presupuestario y de infraestructura. Se señala que la ley prohíbe los manicomios, pero no ofrece alternativas viables.
Las asociaciones de psiquiatras (APPBA) y psicólogos (AAPA) se manifestaron en contra de la ley, argumentando que resta poder a los profesionales y que la internación requiere intervención judicial, complicando los procesos.