El gobierno busca nuevas fuentes de financiamiento para cumplir con los pagos de intereses de la deuda, y una de las posibilidades que se barajan son las privatizaciones. Esto implicaría la entrega de recursos que pertenecen a todos los argentinos.
Se menciona que la Constitución Nacional, modificada en 1994, establece que los recursos naturales son de las provincias. Ante esta situación, surge la pregunta sobre cómo el Estado resolverá estas cuestiones, especialmente en relación con la provincia de Buenos Aires.
Se describe la situación como "desechable, desagradable, imposible de tolerar" y se anticipa que inevitablemente deberá ser abordada en algún momento.