Una mujer fue víctima de hostigamiento y amenazas virtuales por parte de un hombre perteneciente a una fuerza de seguridad. El agresor enviaba mensajes permanentes, fotografías pornográficas, ofrecimientos de dinero, llamados y audios. Ante la situación, la víctima documentó todas las pruebas y decidió iniciar acciones legales.
La justicia dictó medidas de no acercamiento, pero el hostigamiento continuó. Finalmente, el agresor fue condenado a pagar una suma de 10 millones de pesos a la víctima. Este caso podría sentar un precedente importante en situaciones de violencia de género y acoso digital, especialmente cuando el agresor pertenece a una fuerza de seguridad.
El fallo es significativo porque el hostigamiento fue encuadrado dentro de la violencia de género, a pesar de que no se trataba de una relación de pareja o expareja convencional. La víctima recibió asesoramiento constante y contó con registros de toda la comunicación, demostrando que el contenido enviado por WhatsApp puede ser utilizado como prueba en procesos judiciales.