El gobierno de Venezuela solicitó apoyo a Naciones Unidas para programas de vivienda y atención a damnificados por terremotos que han dejado más de 3.500 fallecidos. En La Guaira, los sobrevivientes regresan a edificios colapsados en busca de pertenencias, a pesar de los riesgos estructurales.
La crisis se agrava por la precaria situación económica del país, con un sueldo mínimo de $5 y altos costos de vida. Muchos damnificados no pueden permitirse reconstruir sus hogares, enfrentando además una crisis migratoria y una inflación superior al 500%.
Especialistas apuntan a materiales de baja calidad y corrupción en la construcción de viviendas seguras. Los daños se estiman en 37 mil millones de dólares, afectando profundamente a la población que busca resurgir de la tragedia.