Se cuestiona la necesidad de una custodia presidencial para Adorni, argumentando que no ha recibido amenazas creíbles que justifiquen tal medida. Se sugiere que los insultos no constituyen una amenaza real.
Se plantea la duda sobre quién amenazó a Adorni para justificar la custodia, y se menciona que, aunque se argumente la protección de los hijos, no hay evidencia de amenazas directas hacia ellos. Se pide que se muestre la causa judicial que justifique la custodia.