Se denuncia el desvío de ayuda humanitaria enviada por Panamá a Venezuela, evidenciado por el uso de dispositivos GPS que rastrearon que las donaciones no llegaron a los necesitados.
El gobierno argentino ha tomado medidas restrictivas con las donaciones privadas, priorizando la ayuda solicitada y canalizada a través del Estado venezolano para asegurar su correcta distribución.
Se cuestiona la falta de transparencia y la posible corrupción en la gestión de la ayuda, sugiriendo que la pobreza estructural de Venezuela se agrava por el "choreo" de los recursos.