Se denunció la militarización y presuntas trabas por parte de las fuerzas armadas venezolanas en las tareas de rescate y ayuda humanitaria tras el terremoto.
Organizaciones no gubernamentales como Provea señalaron que los militares no solo obstaculizaron procesos, sino que también ejecutaron prácticas inadecuadas en la gestión de la catástrofe. Se reportaron casos de funcionarios que habrían sido sorprendidos con grandes sumas de dinero en efectivo, generando indignación entre la población.
Se mencionó la confusión de autoridades venezolanas entre la bandera de Chile y la de Estados Unidos, lo que habría generado exigencias de credenciales a equipos de rescate chilenos. También se habló de la posibilidad de que el gobierno venezolano haya trabado visas para personal de ayuda humanitaria.
La situación evidencia una profunda fractura social y una falta de institucionalidad que quedó expuesta ante la tragedia, donde los propios venezolanos se vieron obligados a apoyarse mutuamente ante la limitada respuesta estatal.