Los damnificados del terremoto en Venezuela se encuentran en una situación precaria, alojados en campamentos con una vida útil limitada a un mes. La incertidumbre sobre su futuro es alta, ya que no se sabe qué sucederá después de este periodo.
La comunidad ha demostrado una gran solidaridad, brindando apoyo a los afectados. Sin embargo, la falta de una respuesta gubernamental clara y la posibilidad de que se presione a las personas para que regresen a edificios dañados generan gran preocupación.
Se menciona la existencia de protocolos de desalojo y la clasificación de edificios (verde y rojo), pero la falta de soluciones habitacionales a largo plazo deja a muchas familias en el limbo. Existe la percepción de que el gobierno podría estar esperando que la atención mediática internacional disminuya para abordar la crisis de manera más discreta.