Se critica duramente la inacción y la falta de empatía de los funcionarios judiciales en casos de maltrato infantil, donde la burocracia y la ineficiencia parecen primar sobre la protección de los menores.
Se cuestiona el sistema judicial por su lentitud y por no actuar de manera preventiva, interviniendo solo cuando los hechos ya son irreparables, como en el caso de Tiago, donde las denuncias previas no fueron suficientes para evitar su muerte.
Se señala que la falta de consecuencias para los funcionarios que incumplen su deber fomenta la impunidad y perpetúa la violencia contra los niños, exigiendo mayor responsabilidad y rigor en la aplicación de la ley.