Se cuestiona la lentitud de la justicia en casos de presunto enriquecimiento ilícito, contrastando la celeridad mediática con la inacción judicial. Se señala que mientras Manuel Adorni, a pesar de no estar procesado, fue objeto de una condena mediática, las denuncias contra Marcela Pagano, con posibles imputaciones, no avanzan.
Se plantea la sospecha de maniobras para obstruir la justicia, mencionando un episodio donde un juez habría intervenido para frenar una causa contra Pagano. Se critica la falta de voluntad política para remover a diputados con presuntos delitos, como en el caso de un diputado procesado por trata de personas.
Se subraya la preocupación por la manipulación de la opinión pública y la creación de "monotemas" mediáticos que desvían la atención de asuntos más graves. Se exige que los funcionarios, especialmente aquellos con cambios ostensibles en su estilo de vida, den explicaciones claras y transparentes.