Se denunció que la falta de pago a los prestadores de servicios para personas con discapacidad está llevando a la quiebra del sistema. Los transportistas han abandonado el rubro debido a los bajos aranceles del nomenclador, que no cubren ni los costos básicos como la nafta y el seguro.
Esto genera que muchas personas con discapacidad se queden en sus casas, sin acceso a terapias, transporte o escolaridad, impidiendo su socialización y desarrollo. Se criticó que, a pesar de la ley que garantiza estos derechos, la realidad es que no se están cumpliendo.