La falta de pago a los prestadores de servicios para personas con discapacidad está provocando la renuncia de terapeutas y transportistas, y pone en riesgo la continuidad de escuelas especiales y centros de día.
El bajo nomenclador hace imposible afrontar los costos de mantenimiento de vehículos y salarios, lo que lleva a que muchos jóvenes y adultos queden encerrados en sus casas sin posibilidad de socializar, aprender o desarrollarse.