España endurece las penas contra las "terapias de conversión" para personas LGTBI+, estableciendo hasta dos años de cárcel para quienes las practiquen.
Estas prácticas, que ya eran sancionadas con multas desde 2023 bajo la ley trans, ahora serán consideradas delitos penales gracias a una reforma del Código Penal.
Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGBTI+, explicó que las multas anteriores eran insuficientes y fácilmente cubiertas por organizaciones religiosas o internacionales que financian estas prácticas.
La nueva ley busca erradicar estas terapias, calificadas como tortura por la ONU, y combatir los discursos de odio que las alientan, especialmente los provenientes de la religión y la psicología camuflada.