España penalizará con hasta dos años de cárcel las mal llamadas "terapias de conversión" dirigidas a personas LGTBI. Esta medida, que busca erradicar prácticas consideradas tortura por la ONU, eleva las sanciones que anteriormente se limitaban a multas administrativas y variaban según la comunidad autónoma.
La reforma del Código Penal es crucial porque las multas anteriores eran fácilmente cubiertas por organizaciones que financian estas prácticas. La Federación Estatal LGTBI+ impulsa un pacto de Estado contra los discursos de odio, que incluye la erradicación de estas terapias y la lucha contra la discriminación hacia grupos vulnerables.
Partidos como el PP y Vox se desmarcaron de la nueva ley, generando indignación. Expertos y activistas subrayan la importancia de visibilizar estas prácticas, que a menudo adoptan formas más sutiles que el electroshock, y la necesidad de denunciarlas para proteger los derechos humanos.