España ha aprobado una reforma en el Código Penal que castiga las mal llamadas "terapias de conversión" para personas LGTBIQ+ con hasta dos años de cárcel. Esta medida busca erradicar prácticas que antes solo se sancionaban con multas administrativas, las cuales resultaban ineficientes ante la financiación de estos procedimientos por parte de agrupaciones religiosas u organismos internacionales.
La nueva ley penaliza estas prácticas, que a menudo se camuflan como acompañamiento espiritual o psicológico, y busca erradicarlas de la sociedad. Se denuncia la instrumentalización de la religión y la psicología para llevar a cabo estas conversiones forzadas. La Federación Estatal LGTBI+ impulsa un pacto de Estado contra los discursos de odio, que actualmente tienen altavoces en redes sociales y líderes políticos, generando un clima de crispación que legitima estas prácticas.
A pesar de la aprobación de la ley, partidos como el PP y Vox se han desmarcado, generando indignación. Se critica que estos procedimientos, calificados como tortura por la ONU, no sean unánimemente apoyados. Se espera que el pacto de Estado impulse la erradicación del odio hacia diversos grupos vulnerables, incluyendo personas LGTBIQ+, con discapacidad, migrantes y gitanas.