Se explica que los subsidios que antes se otorgaban a empresas de servicios como Camus, Engas, Edenor y El Sur, ahora deben ser cubiertos por los propios usuarios a través de las tarifas. El Gobierno argumenta que el individuo, como principal beneficiario del servicio, debe ser quien aporte para cubrir los costos.
Esta política implica un sinceramiento de las tarifas para que reflejen los costos reales de mercado. La medida busca que los consumidores asuman una mayor responsabilidad en el pago de los servicios, lo que podría derivar en un uso más eficiente de los mismos.