Se cuestiona la analogía entre el gobierno y una empresa privada, ya que el primero tiene la responsabilidad social de mantener el bienestar de la población a través de servicios públicos como salud, educación y seguridad, incluso si esto implica un déficit. A diferencia de una empresa que puede reducir personal sin importar las consecuencias sociales, el gobierno debe gestionar estos aspectos.
Se menciona que, a pesar de los cinco meses de conflicto en FATE, el transporte público ha seguido funcionando, lo que sugiere que las empresas están utilizando neumáticos de origen chino u otros países. Se critica la idea de que el gobierno deba operar como una empresa, priorizando el superávit económico por sobre el bienestar social y la provisión de servicios esenciales.