Se planteó la indignación de que Santiago Martínez, condenado a 15 años por femicidio en grado de tentativa, aún tenga acceso a celulares en la cárcel para hostigar a su víctima, Emily. Se mencionó el caso de un hombre condenado por violación virtual a una menor, quien también poseía un celular en prisión.
Se cuestionó la continuidad de la entrega de celulares en prisión, recordando que se implementó durante la pandemia para mantener el contacto familiar y con abogados, pero que dicho decreto debería haber caducado. Se indicó que ahora los presos lo tienen como un "derecho adquirido".