A pesar de haber dejado el gobierno, Adorni mantendría privilegios como autos y custodia, justificados por supuestas amenazas.
Se cuestiona la legalidad de mantener estos beneficios, argumentando que el gobierno "se caga en la legalidad" y busca que Adorni "se crea que todavía es alguien".
"El gobierno va a hacer todo lo posible para que el tipo se crea que todavía es alguien", se comenta, sugiriendo una estrategia para mantenerlo controlado. La situación genera debate sobre la aplicación de la ley y el uso de recursos públicos para exfuncionarios.