El fiscal Gerardo Policita avanza en la causa que involucra al contratista Tabar, con la obtención de nuevos audios y documentos de su teléfono. Se espera que, tras la feria judicial, el fiscal envíe un requerimiento de justificación patrimonial a Manuel Adorni. Este paso formal, aunque parezca burocrático, es una virtual indagatoria que obliga al imputado a explicar inconsistencias patrimoniales.
La información obtenida de los audios de Tabar, junto con las declaraciones de Adorni en entrevistas previas, genera interrogantes sobre la declaración jurada y las presentaciones en la justicia del actual jefe de gabinete. Los investigadores se preguntan si Adorni podrá responder al requerimiento del fiscal, considerando que sus dichos en reportajes no constan en la documentación oficial.
Este proceso judicial podría haber acelerado los tiempos del gobierno en cuanto a la salida de Adorni, un movimiento que ya se venía anticipando. La situación se agrava al considerar que las declaraciones de Adorni en la entrevista con José del Río no tienen registro documental, lo que abre aún más el abanico de sospechas.