Se detalla que la empresa FATE incumplió un acuerdo por el cual recibió más de 7 mil millones de pesos sin pagar contribuciones, comprometiéndose a no despedir personal. A pesar de esto, la empresa rompió el acuerdo y se quedó con los beneficios estatales, además de modificar el sistema de trabajo sin el consentimiento de los empleados.
La justicia falló en contra de la empresa, ordenando el pago de salarios. Se explica que si la empresa desea despedir personal, debe iniciar un procedimiento preventivo de crisis, presentar balances y justificar las pérdidas, lo cual no ha ocurrido. Se enfatiza que la empresa no quebró y tiene sus capitales intactos, por lo que el cierre o despido masivo sin seguir los procedimientos legales es ilegal y genera un desastre social, afectando a miles de familias que dependen de la fábrica.