Se debate sobre la efectividad de endurecer las penas para combatir los secuestros y otros delitos graves. Se argumenta que penas más severas podrían disuadir a los delincuentes y generar un efecto aleccionador.
Sin embargo, también se reconoce que la falta de aplicación efectiva de la ley y la debilidad del sistema judicial pueden anular el impacto de las penas más duras. La necesidad de que el Estado funcione correctamente y garantice la seguridad es fundamental.