Se plantea la hipótesis de que Javier Milei y Karina Milei podrían ser considerados partícipes necesarios en un delito si sabían de las acciones de Manuel Adorni y no lo denunciaron.
Se debate si la obligación de denunciar aplica en este caso, dado que la información ya estaría judicializada. Sin embargo, se argumenta que, como funcionarios públicos, tienen el deber de informar sobre cualquier ilícito.
Se sugiere que la información sobre los audios ya existía en la causa, pero la evidencia sonora es lo que agrava la situación y representa un golpe más fuerte para Adorni.